1. Acusaciones por presunta exigencia de "cuotas" o devolución de sueldos
En este grupo se encuentran legisladores denunciados por excolaboradores que acusan que se les exigía devolver de forma forzosa un porcentaje de su sueldo (pagado por el Congreso) para beneficio personal del parlamentario.
Camila Flores (Senadora, RN): Es uno de los casos de mayor notoriedad pública y está bajo investigación de la Fiscalía por presunto fraude al fisco. De acuerdo con las denuncias de extrabajadores de su equipo (de cuando era diputada), se describe un mecanismo informal denominado "la cuota Flores", en el cual presuntamente se les exigía entregar en efectivo una parte significativa de sus remuneraciones para solventar gastos personales o de campaña de la parlamentaria.
Alejandro Kusanovic (Senador, IND-RN): Abrió una causa en el Ministerio Público tras la denuncia de su exsecretario y encargado de oficina en Puerto Natales, quien aseguró que el legislador le exigía forzosamente parte de su remuneración mensual. El parlamentario ha descartado tener antecedentes directos de la acusación.
Juan Manuel Fuenzalida (Exdiputado, UDI): Indagado por la Fiscalía luego de que su exjefa de gabinete formulara una acusación similar sobre solicitudes de cuotas de los sueldos de sus colaboradores. Fuenzalida ha negado categóricamente estas imputaciones.
2. Abuso del mecanismo de indemnizaciones y recontrataciones
Una investigación periodística profunda realizada por el centro CIPER Chile expuso un patrón de irregularidades en el Congreso donde se utilizaban fondos públicos de asignaciones para abultar sueldos, finiquitar a asesores políticos con millonarias indemnizaciones y luego recontratarlos de inmediato (muchas veces habiendo participado en campañas electorales entremedio).
Entre los parlamentarios cuyos asesores directos aparecen bajo esta modalidad de finiquito, campaña y recontratación se encuentran:
Enrique Lee (Diputado independiente)
Cristián Tapia (Diputado IND-PPD)
Joanna Pérez (Diputada, Demócratas)
Sofía Cid (Exdiputada)
3. El caso "Copy-Paste" (Asesorías falsas o plagiadas)
Este caso estalló hace unos años e involucró de manera global a más de 35 parlamentarios de distintas bancadas. La Fiscalía y la PDI investigaron el pago de asesorías externas con informes que resultaron ser copias textuales de documentos públicos de internet o de la propia biblioteca del Congreso.
Alejandro Guillier (Exsenador): Fue el caso que dio origen a la investigación masiva, tras detectarse que contrató asesorías cuyos informes finales eran copias exactas de reportes gratuitos disponibles en la web del Senado.
Nota: Aunque la PDI levantó información financiera de decenas de comités y asesores de múltiples senadores y diputados de la época (periodos 2011-2019), la gran mayoría de las causas no terminaron en condenas penales individuales, sino en regulaciones más estrictas por parte del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.
4. Casos históricos con condenas judiciales
Jaime Orpis (Exsenador, UDI): Uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el Congreso (Caso Corpesca). Fue condenado a cárcel efectiva por fraude al fisco reiterado, demostrándose judicialmente que utilizó a asesores y terceros para emitir boletas ideológicamente falsas con cargo a las asignaciones del Senado, desviando esos fondos fiscales a sus bolsillos o actividades políticas.
Maximiano Errázuriz (Exdiputado, RN): Fue condenado en 2011 por fraude reiterado al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso. Se acreditó que usó las asignaciones parlamentarias destinadas al pago de sedes y asesores mediante contratos y arriendos simulados para desviar el dinero a fines personales.
Importante: Exceptuando los casos históricos con condenas firmes (como los de Orpis o Errázuriz), los parlamentarios en ejercicio que enfrentan indagatorias actuales de la Fiscalía se encuentran bajo procesos de investigación vigentes y, por ley, gozan de la presunción de inocencia hasta que los tribunales dicten una sentencia definitiva.
Gemini
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