Y sus sueldos

Hay cifras que incomodan. No porque sean secretas, sino porque, una vez que se entienden, cambian la forma en que uno mira el sistema.

En Chile, cuando se habla de sueldos públicos, la conversación suele quedarse en la superficie: cuánto gana un diputado, un senador, un ministro o incluso el Presidente. Es el debate visible, el que circula en redes, el que indigna por momentos y luego se diluye.

Pero ese no es el verdadero centro del problema.

El Presidente bordea los 10 millones de pesos mensuales. Un ministro ronda los 9. Un senador supera los 8. Un diputado se mueve en torno a los 7. Si lo llevamos a una medida más tangible, estamos hablando de entre 13 y 20 sueldos mínimos en un solo mes.

Es una brecha importante. Pero no es lo más interesante.

Lo realmente revelador aparece cuando se corre el foco hacia dentro del Congreso Nacional de Chile, hacia esa capa que no da entrevistas, que no aparece en campañas y que no necesita votos para mantenerse: los funcionarios técnicos de alto nivel.

Ahí, la escala cambia.

Existen decenas de funcionarios que ganan más de 14 millones de pesos mensuales. Algunos superan los 17. Otros rozan o alcanzan los 19 millones. No se trata de casos aislados ni de errores administrativos. Es una estructura.

Y eso obliga a hacer la pregunta incómoda: ¿cómo se llega ahí?

La respuesta no está en un solo factor, sino en una combinación que, con el tiempo, se vuelve casi perfecta. Sueldos base altos, bonos por antigüedad, asignaciones por responsabilidad, reajustes internos y, sobre todo, permanencia. Décadas dentro de la institución.

El resultado es una lógica acumulativa. No es un salto, es una pendiente constante. Año tras año.

Pero hay algo más profundo que el dinero.

Estos funcionarios no son figuras decorativas. Son quienes redactan leyes, interpretan reglamentos, sostienen la continuidad institucional. Mientras los parlamentarios entran y salen, ellos permanecen. Mientras la política cambia, ellos mantienen el sistema en funcionamiento.

Ese es su valor. Y también su poder.

Porque en esa estabilidad se instala una paradoja: quienes menos visibilidad tienen, muchas veces son quienes más controlan el detalle fino del proceso legislativo. No desde la tribuna, sino desde el mecanismo.

Y ahí es donde el debate se vuelve más complejo.

¿Es injusto que ganen lo que ganan?

¿O es el precio de tener un Estado técnicamente competente?

La respuesta fácil es indignarse. La difícil es entender que el problema no es solo el monto, sino el equilibrio.

Cuando un funcionario puede ganar el equivalente a 30 o 35 sueldos mínimos, no solo se abre una brecha económica. Se abre una distancia simbólica. Una que erosiona la percepción de legitimidad del sistema completo.

Y sin legitimidad, incluso las mejores instituciones empiezan a perder suelo.

No se trata de eliminar expertice ni de precarizar al Estado. Tampoco de romantizar la desigualdad como si fuera inevitable. Se trata de algo más fino: alinear poder, responsabilidad y transparencia.

Porque el verdadero riesgo no está en que existan altos sueldos.

Está en que existan sin comprensión pública, sin control efectivo y sin una narrativa que los justifique frente a quienes, mes a mes, sostienen el resto del país con ingresos que no alcanzan.

Al final, la pregunta no es cuánto ganan.

Es cuánto estamos dispuestos a entender —y aceptar— sobre cómo funciona realmente el poder.

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